La indignación por el secuestro y asesinato del niño Fernando Martí en el Distrito Federal, victimado por sus plagiarios pese a que su familia pagó el rescate, generó una polémica general y abrió el debate sobre la aplicación de la pena de muerte contra este tipo de delincuentes.

Diputados federales, locales, funcionarios estatales, líderes de organismos intermedios y aspirantes a la Gubernatura se muestran a favor de la medida; otros, incluidos líderes religiosos, intelectuales y deportivos, se expresan con reservas.

El Gobernador Natividad González Parás consideró que aunque en Nuevo León ya existe para estos casos una pena de 50 años, que puede calificarse de cadena perpetua, castigos como la pena de muerte no deben descartarse.

"Es algo que no debe descartarse, pero tiene que analizarse bien por la sociedad", respondió.

El pasado 1 de agosto, luego de que sus familiares pagaron el rescate acordado con los captores, el cuerpo del menor de 14 años fue hallado sin vida.

La posibilidad de que un comandante y un agente de la Policía Judicial capitalina estén involucrados en el plagio incrementó la indignación.

La ejecución el martes del mexicano José Medellín en una cárcel de Texas por participar en la violación y asesinato de dos jovencitas en Houston, en 1993, también aportó al debate.

El domingo se publicó que hace años el plagio amenazaba a los empresarios, pero ahora apunta a personas de clase media y media alta.

El miércoles se publicó que el Senado mantiene "secuestrada" desde hace año y medio una iniciativa del Presidente Felipe Calderón para endurecer las penas en los casos de secuestro.

Fue Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, quien, a título personal, puso el tema de la pena de muerte en la mesa de discusiones.

Para Juan Francisco Rivera Bedoya, coordinador de los Diputados federales priistas por Nuevo León, sólo si el problema llega a niveles que pongan en peligro la paz social en el País, la pena de muerte es una opción.

Los priistas Benjamín Clariond, ex Gobernador, y Marcela Guerra, dirigente estatal de la CNOP, ambos aspirantes a la Gubernatura, se mostraron a favor de esta medida extrema.

Con ellos coincidió José Maiz, presidente del equipo de beisbol Sultanes.

Enrique Barrios, Diputado federal panista, y Ervey Cuéllar, presidente de Vertebra, consideraron que en estos casos el sistema que busca rehabilitar a los delincuentes es inútil y por ello consideraron que la pena de muerte es un castigo a analizar.

Ricardo Canavati, ex Alcalde de Monterrey y Diputado federal; y Héctor Morales, dirigente estatal del PRI, se pronunciaron en contra.

Carlos Jáuregui, del Ccinlac , señaló que está comprobado que una pena mayor no inhibe los crímenes.

Abel Guerra, Coordinador de Proyectos Estratégicos Urbanos de Nuevo León y mencionado también como aspirante a la Gubernatura, consideró que se debe realizar una consulta ciudadana.

El Alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, afirmó que el tema es un asunto que compete a los legisladores federales.

En opinión del Cardenal Francisco Robles Ortega y el Rabino Moisés Kaiman no se puede castigar la violencia con más violencia.

También se pronunciaron en contra José Antonio González, Rector de la UANL; Luis Martín, director de Teatro; Israel Cavazos, cronista de Monterrey, y Jorge Urdiales, presidente del Club de futbol Rayados.